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sábado, julio 24, 2021
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Vinculan a proceso a exsenador Jorge Luis Lavalle por caso Odebrecht

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Jorge Luis Lavalle Maury permanecerá en prisión preventiva por estar acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

El exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle Maury, fue vinculado a proceso la madrugada de este martes por ser presunto responsable de los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, y asociación delictuosa, en la trama de corrupción del caso Odebrecht, en el que lo involucró el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

El político enfrentará la acusación en prisión preventiva justificada en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, medida que fue declarada subsistente por el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, ya que Lavalle podría evadirse de la justicia, de acuerdo con la solicitud que realizó la Fiscalía General de la República (FGR).

El exlegislador se encuentra detenido desde la madrugada del viernes de la semana pasada, cuando el togado dictó la prisión preventiva en espera de que su defensa desahogara sus datos de prueba, lo que ocurrió en una audiencia -iniciada el lunes- que tuvo una duración de más de 18 horas.

El panista fue inicialmente acusado por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética de 2013, lo que lo convierte en el primer político mexicano que permanece en prisión por la trama de corrupción del caso Odebrecht, pues Lozoya se mantiene en libertad condicional desde julio del año pasado.

En agosto de 2020, Emilio Lozoya Austin denunció ante la Fiscalía que el expresidente Enrique Peña Nieto, y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, presuntamente recibieron en 2012 más de 100 millones de pesos de la constructora brasileña Odebrecht.

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Una parte de esos recursos habrían servido para que, desde el gobierno federal, se sobornara a legisladores para que estos aprobaran la reforma energética en 2013, entre ellos estaría Lavalle Maury.

Los asambleístas, y un secretario de finanzas de un partido político, de acuerdo con la denuncia de hechos de Lozoya, habrían recibido sobornos por 84 millones de pesos.

De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se castiga con penas de entre cinco y quince años de prisión, el cohecho tiene una sanción de dos a catorce años de privación de la libertad, mientras que la asociación delictuosa merece prisión de cinco a diez años.

De ser encontrado responsable de la comisión de todos estos delitos, el panista, que hoy tiene 45 años, podría alcanzar una pena de prisión mínima de doce años y una máxima de 39 años de prisión.

También está Alonso Ancira

Además de Jorge Luis Lavalle Maury, en el Reclusorio Norte de la capital del país también se encuentra, desde febrero de este año, el empresario Alonso Ancira Elizondo, quien enfrenta un proceso por ser presunto responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la venta de Agro Nitrogenados de México, un consorcio que según la FGR fue adquirido en 2014 por Pemex, con un sobreprecio de 200 millones de dólares.

Ancira, expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), está acusado de lavado de dinero en la modalidad de adquirir y alentar una actividad ilícita, teniendo como coautores a Emilio Lozoya, y a su hermana Gilda Susana Lozoya.

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La defensa del empresario ha pasado los últimos 60 días tratando de negociar un acuerdo reparatorio con Pemex, a fin de resarcir el daño ocasionado, lo cual hasta ahora no ha sucedido, a pesar de que está por concluir el plazo de dos meses que en este caso fijó el juez de control, José Artemio Zúñiga, para que la Fiscalía concluyera su investigación complementaria.

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Daños al Estado

En el caso de Jorge Luis Lavalle Maury, el Senado y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) forman parte del proceso en su calidad de víctimas, mientras que, en la carpeta de Alonso Ancira, la UIF y Pemex tienen igualmente ese carácter.

En ambos juicios la Fiscalía General de la República argumenta que el Estado mexicano resultó afectado en distintos grados, aunque en términos financieros, evidentemente es más grave la erogación que hizo Petróleos Mexicanos al comprar una planta de fertilizantes que, según la misma petrolera, costó 475 millones de dólares, aunque de acuerdo con peritajes posteriores el complejo en realidad valía unos 50 millones de dólares.

A su vez, en el proceso incoado en contra de Lavalle Maury, si bien no hay una lesión a las finanzas públicas de manera directa, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador considera que la presunta actuación ilícita del exsenador contribuyó a que se aprobará una reforma constitucional que, desde su perspectiva, ha afectado las finanzas de Pemex.

La acusación de Lozoya

Como parte de la colaboración que desde 2020 ha mantenido Emilio Lozoya Austin con la FGR, el exdirector de Pemex denunció en agosto de ese año a 16 políticos por hechos posiblemente constitutivos de delito. Además de involucrar al hoy expresidente Enrique Peña Nieto, y a Luis Videgaray Caso, en el pliego que presentó Lozoya también se señala a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.

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En la lista igualmente se menciona el exsenador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas; a los excandidatos presidenciales José Antonio Meade y Ricardo Anaya; al exdirector del IMSS, y también extitular de Pemex, José Antonio González Anaya; alexsenador Francisco Domínguez Servién, hoy gobernador de Querétaro; y al exdirector de Pemex y exsubsecretario de Hacienda, Carlos Treviño Medina.

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Otros políticos que habrían recibido sobornos del dinero aportado ilegalmente por Odebrecht, siempre según Lozoya, son el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero; David Penchyna Grub, otrora senador y extitular del Infonavit; Rafael Caraveo Opengo, exfuncionario del Senado; y hasta la periodista Lourdes Mendoza, entre otros. Cabe aclarar que todas estas personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en tribunales.

De hecho, la periodista Lourdes Mendoza mantiene una demanda civil en contra de Emilio Lozoya, debido a que esta niega haber recibido un obsequió de su parte, un señalamiento que -dice- al ser falso, la ha lesionado, y por el que exige en un juzgado el resarcimiento del daño.

Publicado en Alto Nivel

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